PRESIONES A LA PRENSA Y A LA DEMOCRACIA
Por Mariano Obarrio
El sistema democrático en América latina sólo se consolidó a medias.
Hay democracia desde los años 80/90. Es un hecho
irreversible. Pese a ello, diversos gobiernos de la región, de derecha
o de izquierda, han generado serias restricciones para el ejercicio
pleno de la libertad de prensa, sin asumir que ésta es un pilar básico
de la democracia.
La información está en peligro en América latina. La transparencia de
la gestión es vista por muchos gobiernos como una seria amenaza a su
poder político. Y la difusión de noticias quedó atrapada en un debate
maniqueo en el cual los gobiernos más radicalizados intentan demostrar
que la prensa y sus periodistas forman parte de conspiraciones de
ciertas elites contra sus proyectos supuestamente nacionales y populares.
La información crítica ha merecido severas descalificaciones por altos
funcionarios y acusaciones de ciertos gobiernos de “atentar contra la
democracia”. Presidentes que maltratan a cronistas en conferencias de
prensa. Jueces que convocan a periodistas a declarar ante sus
juzgados. Bloqueos de ediciones de diarios. Juicios contra editores y
periodistas. Ejemplos sobran.
El enorme valor de la República, la democracia, y el Estado de derecho
queda debilitado y menoscabado, en realidad, cuando se limita o se
cercena la libertad de opinión, de expresión, de información y de
prensa. Esa libertad no es un derecho sólo de la prensa.
Fundamentalmente es un derecho de los ciudadanos a estar informados
para poder evaluar la gestión de sus gobiernos en forma libre y responsable.
Si bien felizmente disminuyen en la región los episodios de censura
explícita, hay focos importantes aún de violencia contra periodistas,
diarios, radios y estaciones de TV, cierres de medios, expropiaciones,
juicios aberrantes y humillantes, detenciones, e incluso asesinatos
derivados de la actividad de organizaciones del crimen organizado,
epecialmente del narcotráfico. Por eso mismo, hay todavía muchos
desafíos para eliminar las preocupantes restricciones con las cuales
trabaja el periodismo independiente para alcanzar su ecuanimidad,
equilibrio y rigurosidad en la información.
Estos desafíos comienzan por evitar las presiones y amenazas contra
los periodistas y contra los medios de prensa. Impedir la estatización
o cooptación de medios y periodistas por parte de los Gobiernos.
Se presenta como imperioso tender a una distribución democrática de la
pauta publicitara para garantizar independencia de los medios
regionales y a los que resultan postergados por razones políticas. Se
deben crear nuevos sistemas de financiamiento: una de ellas puede ser
a través de contribuciones de particulares que se puedan desgravar de
impuestos.
Es urgente derogar regímenes intervencionistas de regulación estatal
de los medios de comunicación (como la ley de medios en Argentina).
Sin embargo, sí es necesario democratizar en serio el flujo
informativo y de opinión rompiendo las posiciones dominantes en el
mercado audiovisual y gráfico, aunque con el imperio de la ley y la
vigencia de reglas de juego sanas.
Se debe garantizar el libre acceso a la información a los periodistas
y a los medios: exigir la ley de acceso a la información, la
disponibilidad y secreto de las fuentes, y las conferencias de prensa
periódicas y obligatorias.
También sería útil crear un nuevo estatuto de ascensos y categorías en
los medios para que los periodistas puedan encontrar su proyección
profesional sin depender de ingresos extras a las remuneraciones de
sus medios.
Además, se debe impedir el mal uso de los medios oficiales en provecho
de intereses políticos: los medios públicos son de todos y no de una
facción política. Por otra parte, se deben denunciar y obstaculizar la
creación de multimedios paraoficiales con fines propagandísticos y
políticos solventados solapadamente con fondos públicos.
