El fortalecimiento de las capacidades financieras de las organizaciones terroristas

La consolidación de las finanzas de la revitalizada red terrorista creada por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri constituyen un objetivo estratégico prioritario.

El mismo debe comprenderse en la fase de expansión en la que se encuentra Al-Qaeda. Como advierte Katherine Zimmerman, el grupo se concentra especialmente en la unión de la Umma, la comunidad de musulmanes, a partir del presupuesto de que el extremismo salafista puede otorgar a miles de jóvenes de esta región una referencia de vida y un sentido de pertenencia.

Nuestro trabajo en territorio africano, en particular, confirma esta hipótesis: la financiación del terrorismo canaliza aspiraciones más sofisticadas que la de matar a “los cruzados, los herejes y los apóstatas”, orientándose a solventar la articulación sustentable de los grupos islamistas dispuestos a aceptar el liderazgo de la nueva generación de sheiks y emires que emergieron luego de la muerte de Ben Laden.

En la región africana del Sahel (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger), la creación en 2017 de Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) -Grupo de Soporte al Islam y los Musulmanes- es fiel testimonio de la hermandad que puede hacer fuertes a los musulmanes radicalizados cuando se presenta la oportunidad de enfrentar Estados casi desmembrados como el maliense. Justamente, el líder de este nuevo agrupamiento que revitalizó a AQ es Iyad ag Ghali, nacido en Malí, jefe de la organización Ansar Dine y experto contrabandista de las rutas de los Tuareg. En esta reciente unión se destaca la presencia también del grupo Al Murabitoon, cuyo líder –varias veces considerado muerto- es Mokhtar Belmokhtar, un algeriano que, a través del contrabando de cigarrillos en la región, aportó importantes dividendos a la causa yihadista.

Más al Norte, en la región magrebí (Algeria, Túnez y Libia), el importante Grupo Salafista para la Predicación y el Combate confluyó, en 2006, en lo que hoy se denomina Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), permitiendo que se convierta en la red operativa más dinámica y agresiva de la región. Su líder es el emir algeriano Abdelmalek Droukdel, también conocido como Abu Musab Abdel Wadoud, responsable del diseño de buena parte de las operaciones de la federación terrorista que conforma AQ en el Norte y Oeste africano.

El vínculo que forjaron los extremistas de AQ con el crimen organizado les ha permitido complementar con relativo éxito las cuantiosas ganancias que obtuvieron con el secuestro de ciudadanos europeos, hasta que los países implicados decidieron no pagar más rescates.

Así, actores clave de la región confirman que los principales ingresos regulares de la organización terrorista provienen del control de las rutas del tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos y vehículos, lo que implica la posibilidad de imponer tributos a traficantes y contrabandistas o el dominio directo de estos negocios ilícitos.

La participación en el tráfico de armas representa otro ingreso importante para estos grupos. Yaya Fanusie y Alex Ents recuerdan la oportunidad que significó la caída de Kadafi en Libia, lo que permitió a AQMI hacerse de los insumos que pertenecían al ejército libanés y negociarlos en el mercado negro maliense.

Las tasas fijadas a los ciudadanos de los territorios sobre los que tienen influencia, sumadas a las donaciones que provienen de los fieles en el exterior, en particular de Europa, conforman un presupuesto interesante para hacer que el nuevo conglomerado funcione cada día con más suceso.

Es difícil calcular el superávit de este tipo de agrupaciones, considerando los cuantiosos gastos que implica el mantenimiento del networking de los grupos fundamentalistas en esta fase de expansión: se requieren fondos para el reclutamiento y la radicalización de los nuevos soldados de Alá, la ampliación de la plataforma de comunicación y propaganda, y el pago de los costos operacionales. A ello hay que agregar las despensas para los atentados.

De lo que no puede haber dudas, es que JNIM y AQMI, como sucede con otras agrupaciones terroristas sunníes, han sido capaces de organizar en estos últimos años sus finanzas de modo versátil e ingenioso. Se trata de un presupuesto que -como mínimo- parte de U$D150-200 MM por año que se colectan, se desplazan y se conservan en especie a través de canales de intercambio de bienes informales.

Los últimos tres atentados perpetrados por afiliados de AQ en Ouagadougou, capital de Burkina Faso, dejaron decenas de muertos y heridos, confirmando, además, que las autoridades locales no tienen herramientas útiles para detectar el rostro oculto de las finanzas del terror.

Revisar el combate a la financiación del terrorismo (CFT)

La experiencia en terreno africano, a la vez que permite conocer mejor la amenaza que representa actualmente la consolidación y expansión financiera de AQ –que debe analizarse más allá de su concreta capacidad de producir violencia física–, conduce a poner en perspectiva las acciones que emprendemos en lo que habitualmente llamamos CFT.

Si uno de los objetivos explícitos de esta lucha es que los agrupamientos terroristas se vean privados de sus fondos, existen varios estudios y análisis de los propios organismos internacionales que llevan a concluir que el fracaso ha sido rotundo. Las Naciones Unidas afirman que de todos los activos ilícitos que produce el crimen organizado a nivel global ni el 1% resulto confiscado por los Estados. Esta cifra tan pobre debería ser aún menor si se consideran solo los fondos del terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), luego de los atentados del 9-11, asumió responsabilidades en esta temática en el marco del proceso de estandarización normativa e institucional que propulsaba desde 1989 contra el lavado de activos. Se trató de una empresa de alto alcance, que logró imponer criterios de referencia para los más diversos países del mundo. Sin embargo, los terroristas en el mismo periodo –como se puede ver en el Oeste y Norte de África– se hicieron más ricos e influyentes.

Ello exige una necesaria y profunda revisión de las políticas globales orientadas a controlar las capacidades financieras de AQ y otros grupos terroristas en expansión.

El GAFI nació para proteger lo que suele denominarse la “integridad financiera” de los países del G7, cuando estos vieron que sus industrias bancarias podrían verse comprometidas por el enorme flujo de activos tóxicos provenientes del mercado de la cocaína. Debe reconocerse que la problemática de la FT no encaja adecuadamente en esta lógica: la razón de la misma está basada en acciones defensivas de la economía formal, mientras que para luchar contra el terrorismo y sus fondos se necesitan políticas ofensivas que tengan por blanco la economía informal.

Esta incongruencia entre el objetivo original y la nueva materia, ha tenido como primera consecuencia perversa el hecho de que el CFT haya quedado en manos de los ministerios de finanzas y los bancos centrales. Los mismos, con la sola excepción de los países con economías robustas, resultaron completamente incompetentes para liderar acciones disruptivas eficaces contra los financistas del terror y los criminales asociados, cuyas motivaciones son esencialmente de orden ideológico-político y sus prácticas se ejecutan a través de hawalas y otras oficinas de intercambio de dinero informales.

La segunda consecuencia negativa –asociada a la primera– es que la mayoría de los países carece de una coordinación estratégica basada en el intercambio de la información y de los músculos necesarios para generar operaciones multiagenciales de envergadura sobre fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro, centros neurálgicos de capitales espurios de diverso origen, como la corrupción.

La tercera consecuencia –asociada a la segunda–, es que las unidades de inteligencia financiera de los países no desarrollados, aunque conserven la pretensión de ser una agencia de información especializada, se convirtieron en verdad en pesados organismos de regulación y supervisión de entidades formales y, por tanto, en entes con escasa incidencia para debilitar las finanzas ilícitas que están por fuera de su objeto de tratamiento: las operaciones sospechosas.

Por último, hay que reconocer que la cuestión de la FT resulta inasible para bancos, compañías de seguros y otros sujetos obligados, cuya tarea al fin del día se reduce a verificar si sus clientes se encuentran en alguna de las listas de terroristas que han incluido en sus sistemas informáticos.

En resumen, en la mayor parte no sólo de África, sino de otras vastas regiones del mundo como Asia y Latinoamérica, las políticas de CFT fueron organizadas para cazar dentro del zoológico de la economía regulada, aunque todos saben que allí solo operan los ciudadanos domesticados, no los financistas del actual extremismo violento.

En 2014, el entonces Presidente de GAFI, Robert Wilkins advertía que, de 192 jurisdicciones observadas, 165 no cumplían o cumplían parcialmente con la obligación de aplicar las sanciones financieras que las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prescriben para las personas y entidades designadas como terroristas.

En 2015, en el Informe que este organismo presentó a los líderes del G20 en esta materia, se constata que la Arabia Saudita (U$D 36 MM), los Estados Unidos (U$D 25 MM) y, en menor medida, Israel (U$D 6 MM) son los únicos que pueden demostrar resultados totales sustantivos sobre los terroristas designados nacionalmente. Lamentablemente, para el crédito de este tipo de informes, un país como la Argentina aparece en el Top Ten del Ranking con 100 terroristas designados y casi U$D 115 mil congelados, cuando está judicialmente probado que este país “inventó” su propio terrorismo, listando militares prófugos de la justicia por supuestos delitos cometidos hace más de 30 años (que nada tenían que con el terrorismo).

De acuerdo a los nuevos fines estratégicos fijados por GAFI para la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas, todos los países deben impedir que los terroristas individualmente, las organizaciones terroristas y los financistas del terrorismo, puedan recaudar, mover y usar fondos, y abusar de las organizaciones sin fines de lucro (Objetivo Inmediato 10).

Sin embargo, un análisis de la Fundación FININT sobre los resultados que ya ha comenzado a arrojar esta ronda en el periodo 2015-18 demuestra que los Estados que no son miembros del organismo madre (GAFI), sino de los organismos regionales -esto es, los menos aventajados- presentan severas dificultades para cumplir con el objetivo mencionado. De los 33 países ya evaluados, el 86% ha satisfecho esta tarea “hasta cierto punto”, de modo insignificante o directamente no la ha realizado.

Desafíos

El contacto con las autoridades que tienen responsabilidades en materia de CFT de Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil y Niger, permite concluir que la reunión de diversos grupos islamistas en la red de AQ se ha convertido en una amenaza extremadamente peligrosa para la estabilidad regional.

Se puede aseverar también que las finanzas de estas organizaciones están fuera del foco de los mecanismos regulatorios y de control que propone la comunidad internacional.

En estos lugares, la única expectativa viable es que Francia, junto con los Estados Unidos, se encuentren nuevamente dispuestos a ensanchar sus déficits fiscales para otro nuevo ensayo de intervención asimétrica. No obstante, drones, misiles e infiltración de inteligencia nunca son recursos suficientes si la economía del terror sigue viva.

En definitiva, interpretar la experiencia del resurgimiento de AQ, en su fase de unificación de la Umma, nos obliga a reinventar con urgencia el sentido y alcance de los mecanismos de lucha contra los fondos del terror sobre la base estratégicas clásicas: ofensividad, positividad y agresividad en el opaco mundo del intercambio de bienes subterráneos. Al final de cuentas, como decía Borges, no existen más que unas pocas metáforas fundamentales sobre las que trabaja el poeta al confrontarse con la realidad mundana: la vida, el sueño, el río, la mujer, las estrellas, los ojos…. Tout le reste c’est de la littérature.

El autor es abogado y doctor en sociología. Fue coordinador nacional para el combate a la financiación del terrorismo en dos oportunidades.